Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego PDF Imprimir E-mail

Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego

 

Texto completo, refundido, ordenado y comentado de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de la Ley Provincial Nro.50 con las modificaciones Introducidas por las Leyes 134, 383, 460, 461,   495, 568 y 646  (Sanción: 18 de Noviembre de 2004. Promulgación: 03/12/04 D.P. N° 4671. Publicación: B.O.P. 14/12/04.) y . Decretos reglamentarios  1917/99 y 2460/00 (B.O. Nro.1336 1-2-2001) y  Resoluciones Plenarias reglamentarias y aclaratorias.

  

CAPITULO I

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

 

Artículo 1°.- "El Tribunal de Cuentas es un órgano autónomo de contralor externo de la función económico-financiera de los tres poderes del Estado Provincial. El control comprenderá también a las municipalidades -en tanto no establezcan un órgano de contralor específico en sus cartas orgánicas-, a las comunas, a las empresas o sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Provincial, municipalidades y comunas, y a los entes autárquicos y jurídicamente descentralizados provinciales, municipales o comunales".( texto actualizado con Ley 134 Tribunal de Cuentas. Modificación Sanción: 25 de Marzo de 1994.Promulgación: 18/04/94 D.P. Nº 910.Publicación: B.O.P. 22/04/94.)

 

El Tribunal de Cuentas de la Provincia será el organismo de control externo del sector público provincial de acuerdo a las facultades y obligaciones conferidas por la Constitución Provincial, Ley provincial Nº 50 y las disposiciones de esta Ley, quedando derogada toda norma que, total o parcialmente, se oponga a la presente. (texto actualizado con Ley 495 Artículo 108.-)

  

Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia

Sancionada el 28 de Marzo de 2002

 Título Cuarto

Organos de Contralor

Capítulo Primero

Sindicatura General

 Carácter. Autonomía

Art.197: La Sindicatura General del Municipio de Ushuaia es un órgano público municipal que goza de la autonomía financiera, funcional e institucional asignada en ésta Carta Orgánica y tiene a su cargo el control externo presupuestario, contable, financiero, patrimonial y legal y de todas las dependencias del gobierno municipal. Tiene acceso a toda la documentación e información relacionada con los actos sujetos a su examen, sin que pueda oponérsele reserva alguna.

 Integración

Art. 198: La Sindicatura General está integrada por TRES (3) miembros: un abogado, un arquitecto o ingeniero y un contador público, con más de cinco años de ejercicio en la profesión. Rigen para ellos las mismas inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que para los Concejales. La presidencia se ejerce anualmente en forma  rotativa.

 Designación

Art. 199: Los integrantes del Cuerpo son seleccionados mediante un concurso público de antecedentes y oposición. Son designados por el Departamento Ejecutivo con acuerdo del Concejo Deliberante. La ordenanza determina el procedimiento, que debe garantizar objetividad, transparencia, publicidad e imparcialidad.

 Requisitos

Art. 200: Para ser miembro de la Sindicatura General se requiere:

1.-Ser vecino con CINCO (5) años de residencia efectiva y continua en el municipio.

2.-Ser argentino nativo, por opción o naturalizado, con DIEZ (!=) años de ejercicio de la ciudadanía.

3.-Tener como mínimo TREINTA (·=) años de edad.

4.-Tener título profesional habilitante y CINCO (%) años de antigüedad de ejercicio efectivo y continuo en la profesión.

 Duración, Remuneración, Vacancia

Art.201: Los miembros de la Sindicatura General duran cinco años en el ejercicio de su cargo y están sujetos a remoción. Perciben una remuneración no superior a la de los Concejales. Para los casos de renuncia, incapacidad, destitución o cualquier otra causal que impida continuar en el cargo a uno o más de los integrantes, se procede a integrar el cargo vacante mediante el procedimiento de designación establecido en el artículo precedente.

 Personal

Art.202: Queda prohibido desempeñar función política o de planta en la Sindicatura General a las personas que tengan parentesco en segundo grado con los funcionarios sujetos a control y con los miembros electivos de los Poderes Ejecutivo y del Concejo Deliberante. Rige la misma prohibición para el o la cónyuge y para los miembros de la Sindicatura entre sí.

En caso de existir en planta de la Sindicatura General personas con parentezco, deben ser reubicadas en otra dependencia municipal.

 Competencia

Art. 203: Ejerce el control contable, económico y de legalidad del gasto; no puede efectuar juicios o valoraciones sobre criterios de oportunidad y conveniencia.

 Disposiciones complementarias y transitorias

Octava: Dentro del año calendario de la entrada en vigencia de la presente Carta Organica, el Concejo Deliberante sanciona las normas de funcionamiento, establece el procedimiento para la realización de los concursos y procede al llamado de los mismos para la cobertira de los cargos de los miembros de la Sindicatura General del Municipio.

El Concejo Deliberante puede posponer anualmente junto con la consideración del siguiente presupuesto, mediante el voto  de los DOS TERCIOS (2/3) de sus miembros, la puesta en funcionamiento de la Sindicatura, en el caso de existir una severa crisis presupuestaria originada en la caída de los ingresos. Solo podrá posponerse si la crisis afecta en forma generalizada a la totalidad del gasto público municipal.

 Novena: El Tribunal de Cuentas de la Provincia debe girar la totalidad de los expedientes y documentación que tuviere en su poder relativo a actuaciones producidas en ejercicio del poder de auditoría o contable por ese organo o la ex Auditoría del Territorio con referencia al Municipio de Ushuaia. La transferencia se efectúa a pedido dela Sindicatura General del Municipio, una vez constituída. 


El Registro y Control de los Hechos Públicos


Artículo 2°.- De conformidad con lo establecido por la Constitución Provincial, el Tribunal de Cuentas ejercerá las siguientes funciones:

a) Intervenir preventivamente en los actos administrativos que dispusieren fondos públicos;

b) ejercer el control posterior, de legalidad y financiero, de los actos administrativos sobre inversión de fondos, percepción de caudales públicos u operaciones financiero-patrimoniales del Estado provincial, que hubieran sido objeto de intervención preventiva y hayan sido observados. (texto actualizado con Ley 495 artículo 109) (ver referencia Resolución TCP Nro.38/97)

Normas conexas

Reglamentación Decreto 2460/00  (B.O. Nro.1336 1-2-2001) Artículo 1ro.

El control previo será ejercido por muestreo selectivo de acuerdo a las normas técnicas contables y de auditoría generalmente aceptadas. Dicha muestra estará condicionada a la estructura de recursos humanos y económicos del Tribunal de Cuentas.

A los efectos del cumplimiento constitucional de aprobar o desaprobar en forma originaria la recaudación e inversión de los caudales públicos (artículo 166 inc.1ro. y 4 de la Constitución Provincial), el Tribunal de Cuentas podrá tener acceso a la documentación que requiera, aún cuando ésta no haya sido intervenida previamente, con la única finalidad de emitir el informe pertinente.

     Decreto Provincial 1122 (BO 1573 7/8/02): art.109: El control previo o preventivo, reglamentado por el Decreto 2460/2000, se ejercerá por parte del órgano de control externo en el momento del acto que de inicio a la operación que comprometa fondos. El Auditor Fiscal que corresponda al Ente sujeto a control previo, deberá expedirse  fundando los reparos y efectuando las recomendaciones para su corrección o modificación. Asimismo en cualquier otro momento, cuando así lo el Tribunal de Cuentas, según el 2º párrafo del art. 109 reglamentado por el Decreto Nº 2460/00.

 Resolución Plenaria Nº1/01 Tribunal de Cuentas Provincial

ANEXO I DE LA RESOLUCION PLENARIA Nº 01/2001

Punto 1.- A los fines del contralor preventivo la intervención del Tribunal de Cuentas  en los términos del Art. 2º inc. b) y complementarios de la ley 50 y modificatorias se llevará a cabo posteriormente a la emisión del acto Administrativo que disponga  la afectación de fondos y  al informe de Auditoría  o control interno del ente controlado y en forma previa a la emisión de la orden de pago.-

Dichos actos administrativos deberán ser comunicados formalmente, antes de entrar en la etapa de ejecución, al Auditor Fiscal  responsable del ente,  en original y con todos los antecedentes que lo determinen.

Una vez resueltos los reparos formulados por el Auditor Fiscal, no será necesaria la remisión de las actuaciones a una nueva intervención, pudiendo continuar con el trámite pertinente.

De acuerdo a las normas técnicas contables y de auditoría generalmente aceptadas, el Auditor Fiscal realizará el control por muestreo selectivo.

Punto 2.- Para los casos de actuaciones donde se tramiten adquisiciones mediante el procedimiento de Concurso de Precios, así como también Licitaciones, dicha intervención se llevará a cabo una vez expedida la comisión de preadjudicación y del informe de Auditoría o control interno del ente.

Punto 3.- El Control externo de los de Fondos Permanentes se llevará a cabo previo al reintegro de fondos.-

Punto 4.- Procedimiento y pautas temporales

A)   Formal recepción del expediente con todos los antecedentes incorporados hasta el momento de la presentación para el control.-

B)   El Auditor Fiscal tendrá un plazo de dos (2) días de comunicado el acto y/o haber cumplimentado la totalidad de la documentación requerida para el análisis completo de la tramitación, para expedirse sobre la misma. En caso de complejidad se podrá ampliar dicho plazo en dos días con autorización de la Secretaría Contable del organismo de control.

C)   Si considerase que existen transgresiones legales o reglamentarias, el Auditor Fiscal, emitirá Acta de constatación y notificará los reparos a la autoridad que generó el acto.-

D)   Los Reparos efectuados por el Auditor Fiscal quedarán sin efecto cuando la autoridad emisora del acto, corrija, modifique o desista del mismo en los términos de los reparos formulados´.-

E)    En caso que la autoridad no se conformarse con los reparos efectuados por el Auditor Fiscal deberá acompañar circunstanciada fundamentación conjuntamente con los antecedentes respectivos. El expediente será remitido al Secretario Contable del Tribunal, quien en el plazo de dos (2) dias,  mediante disposición, evaluará las actuaciones y mediante disposición podrá:

 1.- Levantar los reparos formulados

 2.- Ratificar los reparos realizados por el auditor fiscal, en cuyo caso remitirá las actuaciones al cuentadante.-

F)    El cuentadante, de así creerlo conveniente, apelará ante el plenario de Miembros, el cual deberá expedirse dentro de los cinco días contados a partir de la recepción del trámite sub exámine y/o desde la cumplimentación de los antecedentes que se requieran al cuentadante. Cuando el Tribunal dispusiere medidas para mejor proveer que demanden la obtención de informaciones o antecedentes complementarios, el plazo para expedirse se extenderá cinco (5) días desde el cumplimiento de ésta medida.-

G)   En caso de que medie oposición en esta instancias de parte del Plenario de Miembros, el titular del poder o ente sujeto a control podrá insistir en el cumplimiento de los actos observados por el Tribunal de Cuentas, asumiendo la responsabilidad exclusiva por ello.- El Tribunal de Cuentas comunicara inmediatamente a la Legislatura el acto de observación y de insistencia, acompañando copia de las actuaciones, tal lo establecido en el Articulo 31º de la Ley Nº 50 y modificatorias. La observación y la formal oposición del Tribunal de Cuentas quedarán sin efecto cuando la autoridad emisora del acto corrija, modifique o desista del mismo en los términos de la observación u oposición.

Punto 4.- Los Auditores Fiscales llevarán un registro de cada una de las actuaciones de las que han sido notificados y de aquellas en que han intervenido, registrando los datos relevantes. La Secretaría Contable será informada diariamente acerca de las intervenciones requeridas y efectuadas, realizando el registro y monitoreo aleatorio de las mismas por medio del sistema de muestreo. Para lo cual organizará e implementará por disposición el sistema de información que considere necesario.

           

Consulte las referencias a los artículos de la ley y las Resoluciones Plenarias del Tribunal de Cuentas de la Provincia en “El Registro y Control de los Hechos Públicos”

 

Contenido del libro

Resolución Plenaria Nº89/2002, modificatoria Plenaria 01/01 Tribunal de Cuentas Provincial

 USHUAIA, 09 de diciembre de 2002

 VISTO: La Resolución Plenaria Nº 01/2001 y modificatoria, y

            CONSIDERANDO:

Que transcurrido un tiempo prudencial corresponde incorporar a sus lineamientos la experiencia adquirida;

Que resulta necesario establecer pautas temporales a los fines de evitar que las tramitaciones se prolonguen indefinidamente por la inacción del cuentadante;

Que los resultados relevados durante la vigencia de los procedimientos puestos en práctica  dan cuenta de la necesidad de permitir a los Auditores Fiscales una nueva instancia para expedirse sobre las observaciones por ellos efectuadas a la luz de la revisión realizada por el Secretario Contable en mérito al punto 4 E) de la resolución del visto;

Que el perfeccionamiento del procedimiento consolida la metodología de análisis que éste Tribunal de Cuentas efectúa en el control previo establecido por la Ley Provincial Nº 495;

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acuerdo, conforme las atribuciones del Artículo 26º in h) de la Ley 50;

 POR ELLO:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: MODIFICAR el Inciso B) del Punto 4 de la Resolución Plenaria Nº 01/2001, el que quedará redactado de la siguiente forma: “ ... B) El Auditor Fiscal tendrá un plazo de dos (2) días de comunicado el acto y/o haber cumplimentado la totalidad de la documentación requerida para el análisis completo de la tramitación, para expedirse sobre la misma. En caso de complejidad se podrá ampliar dicho plazo en dos (2) días con autorización de la Secretaría Contable del Organismo de Control. En casos excepcionales, el Secretario Contable podrá ampliar dicho término hasta un máximo de  cuatro (4) días.”

ARTICULO 2º: MODIFICAR el Inciso F) del Punto 4 de la Resolución Plenaria Nº 01/2001, el que quedará redactado de la siguiente forma: “ ... F) El cuentadante, de así creerlo conveniente, podrá apelar la disposición del Secretario Contable ante el Plenario de Miembros contando para ello con un plazo perentorio de cinco (5) días contados desde la notificación fehaciente del acto. El Plenario de Miembros deberá expedirse dentro de los cinco (5) días contados a partir de la recepción del trámite sub exámine y/o desde la cumplimentación de los antecedentes que se requieran al cuentadante. Cuando el Tribunal dispusiere medidas para mejor proveer que demanden la obtención de informaciones o antecedentes complementarios, el plazo para expedirse se extenderá cinco (5) días desde el cumplimiento de ésta medida.”

ARTICULO 3º: MODIFICAR el Inciso G) del Punto 4 de la Resolución Plenaria Nº 01/2001, el que quedará redactado de la siguiente forma: “ ... G) En caso que el Plenario de Miembros ratifique la observación formulada, el titular del poder o ente sujeto a control podrá insistir en el cumplimiento de los actos observados por el Tribunal de Cuentas, asumiendo la responsabilidad exclusiva por ello, dentro del plazo perentorio de cinco (5) días de notificado. Ante tal circunstancia, el Tribunal de Cuentas comunicará inmediatamente a la Legislatura el acto de observación y de insistencia, acompañando copia de las actuaciones, tal lo establecido en el Articulo 31º de la Ley Nº 50 y modificatorias. La observación y la formal oposición del Tribunal de Cuentas quedarán sin efecto cuando la autoridad emisora del acto corrija, modifique o desista del mismo en los términos de la observación u oposición.”              

ARTICULO 4º: INCORPORAR en el Punto 4 del Anexo I de la Resolución Plenaria 01/2001 un nuevo inciso cuyo texto reza: “ H) El Auditor Fiscal, tiene expedita la instancia para solicitar la reconsideración o revisión de la decisión del Secretario Contable ante el Plenario de Miembros, debiendo para ello expedirse dentro de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de la Disposición pertinente, siendo inadmisible la presentación del recurso fuera de dicho término. La solicitud de revisión deberá ser fundada, realizando expresa mención de la norma en que ampara su petición y acompañando la documentación que avale su disidencia. El incumplimiento de éstos requisitos esenciales tornará inadmisible la pretensión. Cuando el Tribunal dispusiere medidas para mejor proveer que demanden la obtención de informaciones o antecedentes complementarios, el plazo para expedirse se extenderá cinco (5) días desde el cumplimiento de ésta medida.”

ARTICULO 5º: REGISTRAR, notificar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, ARCHIVAR.

 

c) fiscalizar la gestión de los fondos públicos otorgados por medio de subvenciones, préstamos, anticipos, aportes o garantías;

d) realizar auditorías externas;

e) informar a la Legislatura sobre las cuentas de inversión del presupuesto anterior, antes del 30 de junio del año siguiente;

f) ) juzgar la responsabilidad civil de los estipendiarios del Estado, por daños o perjuicios causados a este con dolo, culpa o negligencia. (texto actualizado con Ley 495, art. 110)

g) iniciar la acción civil de responsabilidad por daños causados al Estado contra los agentes del mismo que hubieren actuado con dolo, culpa o negligencia, sin que necesariamente haya que sustanciar en forma previa el juicio administrativo.” (texto actualizado con Ley 495, art.111)

h) elevar un informe anual sobre su gestión a la Legislatura, antes del 30 de junio del año siguiente, debiéndose publicar en el Boletín Oficial;

i) realizar el examen y juicio de cuentas;

j) asesorar a los poderes del Estado Provincial en materia de su competencia.

  

Nota al punto j) del artículo 2: Las consultas que deben ser evacuadas por el Tribunal de Cuentas deben ser de carácter general que sobre materias de su competencia le formulen las autoridades superiores de los poderes del Estado y solo cuando no corriere riesgo de prejuzgamiento

 

 Artículo 3°.- El Tribunal de Cuentas podrá extender su competencia, por acuerdo plenario de sus miembros, al control preventivo de los actos de la entidades de derecho público no estatales o de derecho privado, siempre que este último caso el Estado provincial estuviere asociado o fuere responsable de la dirección o administración. Asimismo, siempre y cuando hubiere mediado intervención preventiva, resultará también procedente el control posterior de los actos que hubieren sido materia de observación previa.  (texto actualizado con Ley 495, art. 112)

 

Normas conexas

Reglamentación Decreto 2460/00 Artículo 3ro.

Quedan excluidas personas jurídicas comprendidas dentro del derecho comercial que por ley tienen asignados órganos propios de control, que tengan por objeto actividades bursátiles, bancarias y/o financieras, en concordancia con el artículo 106 (de la Ley Provincial 495)

Ley Provincial 495 artículo 106.- En los casos en que el Estado provincial tenga participación accionaria mayoritaria en sociedades anónimas, la Contaduría General de la Provincia propondrá a los órganos que ejerzan los derechos societarios del Estado provincial, la designación de los funcionarios que en carácter de síndicos integrarán las comisiones fiscalizadoras, de acuerdo con lo que dispongan sus propios estatutos.

También los propondrá al Poder Ejecutivo provincial en los casos en que deban asignarse síndicos por el capital estatal en empresas y sociedades en que el Estado provincial, por sí o mediante sus organismos descentralizados, empresas o sociedades del Estado tengan participación igualitaria o minoritaria. Dichos funcionarios tendrán las atribuciones y deberes previstos por la Ley nacional Nº 19.550, en todo lo que no se oponga a la presente.

 Ley Provincial  551 Texto Ordenado de la Ley 486 Fondo Residual de Administración del Poder Ejecutivo Provincial creado por Ley 478:

Art. 1º segundo párrafo: El Tribunal de Cuentas de la Provincia, en base a lo establecido en el artículo 8º "in fine" de la Ley Provincial Nº495, tendrá a su cargo el control posterior legal y financiero de las operaciones de determinación, refinanciación y cancelación de créditos, como así también los procedimientos para la realización de activos, para lo cual y a los fines de su cumplimiento, teniendo en cuenta la eventualidad de la tarea, podrán contratar profesionales especializados en Administración Financiera a cargo del propio Tribunal de Cuentas. Dicho organo de control deberá expedirse en el mismo plazo que se otorga a la Comisión de Seguimiento Legislativo, el que no podrá ser inferior a diez (10) días hábiles, y dictará por Resolución Plenaria los procedimientos mediante los cuales se efectuará la rendición de cuentas y el control.

Artículo 4º: Sustituyese el artículo 6º de la Ley Provincial Nº 486, por el siguiente texto: Artículo 6º: El Fondo Residual estará sometido al control establecido en el artículo 1º segundo párrafo; como así también al de la Comisión de Seguimiento de la Legislatura Provincial creada por Ley Provincial Nº478, ante quien presentará mensualmente, el detalle de todas las acciones realizadas para el cumplimiento de la tarea asignada, mediante la confección de acta, firmada por las partes, sirviendo el instrumento de conformidad de la gestión si no es observado dentro del décimo día hábil siguiente. La Comisión de Seguimiento de la Legislatura provincial podrá contratar, con cargo al presupuesto de la Legislatura, los profesionales especializados que estime necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

 Resolución Plenaria del Tribunal de Cuentas de la Provincia  Nº  72  /  2002.-  (11/10/2002)

 VISTO: La Ley Provincial Nº 551, y

CONSIDERANDO:

Que la misma establece las facultades y atribuciones que tendrá el Fondo Residual;

Que en su Artículo 1º establece que el Tribunal de Cuentas tendrá a su cargo el control posterior legal y financiero de las operaciones de determinación, refinanciación y cancelación de créditos, facultándolo para el dictado de los procedimientos para la rendición de cuentas y el control;

Que en virtud de ello los Miembros del Tribunal de Cuentas, reunidos en Acuerdo Plenario Nº 347, resuelven aprobar dicho procedimiento conforme las pautas que obran en Anexo I de la presente;

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo, de conformidad a lo establecido por el Artículo 116º de la Ley Provincial Nº 495;

POR ELLO:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E

ARTICULO 1º:  APROBAR el procedimiento para el control de la rendición de cuentas presentada por el Fondo Residual, conforme las pautas obrantes en Anexo I de la presente.

ARTICULO 2º: NOTIFICAR con copia certificada al Sr. Administrador del Fondo Residual, a la Comisión de Seguimiento de la Legislatura Provincial y al Sr. Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos.

ARTICULO 3º: REGISTRAR, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, ARCHIVAR.

ANEXO I DE LA RESOLUCION PLENARIA Nº   72/02

Etapa de determinación y verificación de la deuda.

1ª.- Una vez determinada la deuda, conforme lo establecen los artículos 7º de la Ley Provincial 478,  7 y 8 de la Ley Provincial 486 Capítulo V, modificados por la Ley Provincial 551,  atendiendo las previsiones de los artículos 10 y 11 de la Ley Provincial 486, el Fondo Residual remitirá el expediente al Tribunal de Cuentas Provincial (en original y copia certificada - que quedará en poder del órgano de control-), con el objeto de realizar el control posterior, legal y financiero de las operaciones de determinación de deuda previsto en el artículo 1º de la Ley Provincial 551.

En esta primera etapa, la rendición remitida por el Fondo Residual contendrá, como mínimo y sin perjuicio que en casos especiales el controlador estime pertinente el relevamiento de mayores elementos de juicio, los siguientes elementos:

a.-Antecedentes del deudor  y situación patrimonial actual.

b.-Breve descripción sobre el origen y la naturaleza del crédito.

c.-Copia del último acuerdo existente y/o refinanciación suscripta.

d.-Detalle y estudio de las garantías que posee el crédito en su legajo original.

e.-Escritura o Acta de cesión del Crédito (copia certificada)  en su parte pertinente-

f.-Dictámenes e Informes de los Auditores Interno y Externo del Banco de la Provincia por los cuales se haya determinado y verificado que el crédito cedido lo ha sido con sujeción a las normas que al respecto determina la legislación en general y el Banco Central de la República Argentina en particular..

g.-Manifestación expresa y fehaciente de la voluntad de pago del deudor. Documentando legitimidad pasiva.

h.-Informe del Administrador del Fondo Residual por el cual se indique y certifique:

h.1.-la mecánica y procedimientos utilizados para la determinación del monto de la deuda,

h.2.-las motivaciones y circunstancias que den origen a quitas sobre intereses o accesorios, esperas y todo otro tipo de acto u operación contemplada en la legislación vigente para la recuperación del crédito.

h.3.-que el deudor no se encuentra alcanzado en la prohibición del artículo 10 de la Ley provincial 486

h.4.-En su caso, adjuntará el allanamiento liso, llano e incondicional en el proceso respectivo o instrumento transaccional que puso fin al proceso judicial iniciado oportunamente por el banco de la Provincia de Tierra del Fuego.

h.5.-En su caso, acompañará copia certificada de la presentación efectuada en la Justicia Penal, en atención a lo prescripto en el artículo 11 de la Ley Provincial 486.

 Etapa de refinanciación de la deuda.

 2º A los efectos de proceder al control de los procedimientos llevados a cabo por el Fondo Residual en torno a la refinanciación de las deudas, se deberán suministrar al  Tribunal de Cuentas  los siguientes elementos:

a.-Informe del Administrador del Fondo residual por el que se exteriorice el análisis de las garantías ofrecidas, respaldado por los certificados emitidos por los organismos de registro, sobre los bienes registrables del deudor, y todo otro antecedente o documento que justifiquen la aceptación de las garantías ofrecidas.

b.-En los casos en que el Fondo Residual  apruebe la recepción de bienes inmuebles en parte o como forma de pago, deberá incorporarse a las actuaciones el pertinente estudio de títulos que acrediten la propiedad, así como también la documentación necesaria a fin de conocer el verdadero estado de los mismos (informes técnicos, certificados del registro, de ocupación, libres deudas, etc.)

b.-Documentación que respalde la determinación de los valores por los cuales se toman los bienes del deudor. En atención a las prescripciones del Artículo 9º Inc. f) de la Ley 551, el Fondo Residual deberá gestionar los pedidos de cotización y valuaciones necesarias  y velar porque las mismas sean efectuadas de acuerdo a técnicas aprobadas por las autoridades pertinentes y por profesionales con incumbencia en la materia.

En caso de discrepancias, dispersión o simple duda acerca de las valuaciones obtenidas, el Fondo Residual deberá gestionar una nueva valuación o cotización, recomendándosele acudir - siempre que la importancia de la deuda, en si singularidad, lo justifique- al requerimiento de la actuación del Tribunal Nacional de Tasaciones.

c.-Cuadro comparativo de las valuaciones o cotizaciones obtenidas e informe del Administrador del Fondo Residual que indique   las motivaciones que justifican la determinación  por una de ellas y la decisión tomada.

d.-Informe detallado de la propuesta realizada por el deudor, la actividad desarrollada por el Fondo  Residual, antecedentes  y  pre-acuerdo arribado. Indicando los descuentos efectuados, monto de honorarios pactados, plazo, tasa y demás información. Todo debidamente documentado y justificado en una sola planilla que registre la totalidad de la información y montos involucrados en la refinanciación. Con firma, sello identificatorio del responsable y fecha.

d.-Convenio debidamente suscripto con el deudor.

 Etapa, cancelación de acreencias  y realización de activos.

 3º Para  el control de ésta etapa, y sin perjuicio que el controlador efectúe otro tipo de requerimientos, el  Fondo Residual  remitirá al Tribunal de Cuentas la siguiente información:

a.-Informe fundado por el cual un profesional u oficina competente haya fijado la base de la realización del bien registrable que será liquidado por el sistema de remate u oferta pública.

Para los casos de bienes muebles, el informe detallará el procedimiento y  elementos que se han tenido en cuenta para la determinación del valor.

b.-Documental que acredite la difusión del acto de remate u oferta pública, con razonable anticipación, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y en medios masivos de comunicación.

c.-Notificación oportuna a los fines de permitir la asistencia del Tribunal al acto de remate.

 Etapa del  seguimiento de percepción de fondos

 4º Antes del  décimo día hábil de cada mes, el Fondo Residual remitirá al Tribunal de Cuentas un informe en el cual se detalle el cumplimiento de cada convenio suscripto, indicando y documentando las transferencias efectuadas al IPAUSS.

 

 Artículo 4°.- El Tribunal de Cuentas tiene las siguientes atribuciones:

a) Autorizar y aprobar sus gastos, con arreglo al reglamento interno y disposiciones vigentes;

b) observar los actos administrativos que dispusieren gastos por transgresión de disposiciones legales o reglamentarias, cuando ejerciere el control preventivo de legalidad;

c) solicitar información, documentación o dictámenes a cualquier órgano o dependencia del Estado;

d) comunicar a la Legislatura toda transgresión a las normas que rigen la gestión financiero-patrimonial del Estado por los funcionarios sujetos al procedimiento de remoción por juicio político, legisladores, y magistrados o funcionarios judiciales sujetos a enjuiciamiento;

e) constituirse en cualquiera de los órganos o dependencias para realizar auditorías;

f) requerir las rendiciones de cuentas y fijar los plazos perentorios de presentación;

g) formular recomendaciones;

h)aplicar sanciones.

 

 

Normas conexas

Decreto 1917 (24-11-99) Art. 1º :

Artículo 4º.- ....-

h) Apercibir y aplicar multa de hasta el diez por ciento (10%), del sueldo nominal del responsable por desobediencia a las resoluciones fundadas sobre requerimiento de documentación y/o transgresiones a las disposiciones legales y/o reglamentarias, estipuladas en la Ley 50, Artículo 4º, incisos c) y f), Artículos 33º, 34º, 40º y 44º, sin perjuicios de otras sanciones estipuladas en dicha ley. La contumacia o reiteración agravará la pena en el limite de hasta el veinte por ciento (20%) del sueldo del agente o funcionario.

Prescricpion de las Multas. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 75º de la Ley Provincial Nº 50, el ejercicio de la potestad que la ley atribuye al Tribunal de Cuentas en su articulo 4 inciso h) (imposición de multas), prescribe al año de ocurridos los hechos que dieron origen a la contravención. Así fue dispuesto por el Órgano de Control Externo tras receptar el fallo de la Justicia provincial dictado en autos: ”TRIBUNAL DE CUENTAS C/ SANTAMARÍA, FELIX ALBERTO S/ EJECUTIVO” (Expte. Nº 10.115), por el cual, ante la falta en la ley, de un plazo expreso de prescripción para la multa, la sentenciante se inclinó por adoptar el plazo que la norma orgánica del Tribunal de Cuentas impone para la prescripción de la Acción de responsabilidad patrimonial. (Plenario texto completo).

 

Consulte las referencias a los artículos de la ley y las Resoluciones Plenarias del Tribunal de Cuentas de la Provincia en “El Registro y Control de los Hechos Públicos”

 

Contenido del libro

 

 CAPITULO II

DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

 

Artículo 5°.- El Tribunal de Cuentas estará integrado por tres (3) miembros designados por el Poder Ejecutivo Provincial, en la forma establecida en el artículo 164 de la Constitución Provincial.

Artículo 6°.- Uno de los miembros contadores del Tribunal será designado a propuesta de la Legislatura. El miembro abogado será designado a propuesta del Consejo de la Magistratura.

Artículo 7°.- La remuneración a percibir por los miembros del Tribunal será equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la dieta que percibe un legislador provincial.

Artículo 8°.- Los miembros del Tribunal de Cuentas tendrán las mismas prerrogativas, incompatibilidades e inhabilidades que los magistrados que integran el Poder Judicial Provincial.

Artículo 9°.- Los miembros del Tribunal sólo podrán ser removidos por el procedimiento de juicio político.

Artículo 10.- El cargo de miembro del Tribunal de Cuentas será incompatible con el ejercicio de la profesión u otra actividad rentada, con excepción de la docencia.

Artículo 11.- Los miembros del Tribunal de Cuentas prestarán juramento ante el mismo Cuerpo.

Artículo 12.- .- En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el vocal que le sigue de turno, de conformidad con el sorteo para el ejercicio de la Presidencia. Si el ausente o impedido fuere un vocal, será sustituido por un conjuez integrante de la lista que anualmente elaborará el cuerpo entre los profesionales de la matrícula que reúnan los requisitos establecidos para la designación de los titulares . (texto actualizado con Ley 495, art.113)

Artículo 13.- Si el Tribunal comprobare por sí, que algún miembro del Cuerpo se encuentra comprendido en alguna de las causales de inhabilidad, cursará comunicación a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

 

CAPITULO III

DE LA PRESIDENCIA

 

Artículo 14.- La Presidencia del Tribunal de Cuentas será ejercida durante el plazo de un año por cada miembro, en forma rotativa y por sorteo.

Artículo 15.- Son facultades del Presidente:

a) Representar al Tribunal de Cuentas;

b) proponer al Cuerpo el plan anual de acción que establecerá los criterios de control de las operaciones económico-financieras;

c) elaborar el proyecto de presupuesto del Tribunal;

d) presidir los acuerdos plenarios con derecho a voz y voto, contando con doble voto en caso de empate;

e) firmar las resoluciones que dicte el Tribunal, conjuntamente con el miembro que corresponda y toda otra comunicación dirigida a autoridades o a terceros;

f) ejercer la superintendencia sobre el personal, pudiendo delegar la potestad disciplinaria en los vocales;

g) requerir la remisión de antecedentes e informes;

h) fijar el día y la hora de reunión para los acuerdos plenarios del Cuerpo;

i) disponer las erogaciones correspondientes al organismo y autorizar las órdenes de pago.

Artículo 16.- El Presidente del Tribunal deberá concurrir personalmente cada seis (6) meses a la Legislatura, a fin de informar sobre la gestión del órgano de contralor a su cargo.

 

CAPITULO IV

DE LOS VOCALES

 

Artículo 17.- Es competencia de los vocales del Tribunal:

a) Integrar los acuerdos con derecho a voz y voto;

b) solicitar la constitución del Cuerpo en plenario;

c) fundar sus votos.

 

CAPITULO V

DE LA ESTRUCTURA DEL TRIBUNAL

 

Artículo 18.- El Tribunal de Cuentas estará integrado por dos Vocalías. Cada Vocalía estará compuesta por el Presidente más uno de los vocales del Tribunal.

Artículo 19.- La vocalía de auditoría será asistida por un Secretario que deberá poseer el título de contador público nacional expedido por una universidad reconocida por el Estado, con un mínimo de tres (3) años en el ejercicio de la profesión. (texto actualizado con Ley 495, art.114)

Artículo 20.- La función de la Vocalía de Auditoría será controlar los actos de contenido patrimonial a través del Cuerpo de Auditores.

Artículo 21.- El Tribunal tendrá un Cuerpo de Auditores que dependerá de la Vocalía de Auditoría. Los auditores deberán poseer el título de contador público nacional u otro en ciencias económicas en cuyas incumbencias esté contemplada la facultad de auditar; los auditores de otras disciplinas profesionales deberán poseer título profesional extendido por universidad nacional u otra autorizada por el Ministerio de Educación Nacional. En ambos casos deberán acreditar una antigüedad en el ejercicio de la profesión no inferior a tres (3) años. (Texto Modificado por Ley 669  -Junio 2006-)

Artículo 22.- La Vocalía Legal será asistida por un secretario que deberá poseer título de abogado expedido por universidad reconocida por el Estado, con un mínimo de tres (3) años de ejercicio profesional.

Artículo 23.-Será función de la Vocalía Legal resolver sobre la responsabilidad civil de los estipendiarios por daños causados al Estado, y representar a éste en las controversias judiciales sobre responsabilidad civil de aquéllos, y en las acciones y recursos en que el Tribunal de Cuentas sea parte. (texto actualizado con Ley 134, art 2, Tribunal de Cuentas: Modificación. Sanción: 25 de Marzo de 1994. Promulgación: 18/04/94 D.P. Nº 910. Publicación: B.O.P. 22/04/94.)

Artículo 24.- El Tribunal tendrá un cuerpo de abogados que dependerá de la Vocalía Legal.

Artículo 25.- Las resoluciones de la Vocalía serán adoptadas por el Presidente con el vocal competente.

 

 

CAPITULO VI

DE LOS ACUERDOS PLENARIOS

 

Artículo 26.- Las siguientes resoluciones deberán ser adoptadas por acuerdo plenario de los miembros del Tribunal:

a) La extensión de la competencia del Tribunal;

b) la aprobación de su reglamento interno;

c) las designaciones, promociones y remociones del personal;

d)la elaboración y propuesta al Poder Ejecutivo del proyecto de presupuesto del organismo para su aprobación por aquél y su incorporación al presupuesto general del Estado, debiendo remitirse copia del mismo a la Legislatura (texto actualizado con Ley 495, art.115)

e) el ejercicio de la superintendencia sobre los miembros del Tribunal;

f) la consideración de la cuenta general de inversión de la Provincia;

g) el ejercicio de la facultad de observación cuando fiscalizase con carácter preventivo los actos de contenido patrimonial;

h)la aprobación de las normas sobre procedimiento, rendición o fiscalización de los actos de contenido patrimonial;

i)el inicio de la acción civil de responsabilidad por daños patrimoniales causados a la administración ante el juez competente;

j)resolver las cuestiones que son de competencia de las Vocalías en caso de disidencia entre sus miembros.

 

Artículo 27.- El quórum para sesionar será, como mínimo, el de dos (2) de los miembros del Tribunal. Los acuerdos serán adoptados por el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes del cuerpo. (texto actualizado con Ley 495, art.116)

  

Normas conexas

Reglamentación Decreto 2460/00  (22-12-00) Artículo 27ro.

Dicho quórum será válido en el caso de ausencia de uno de los miembros que hagan imposible su presencia y , la urgencia en la resolución del caso, haga imposible la postergación para un próximo plenario.

 

Artículo 28.- Los acuerdos plenarios serán convocados por el Presidente del Tribunal, notificando a los miembros el día, hora, lugar y el orden del día del acuerdo.

 

CAPITULO VII

DEL CONTROL DE LA CUENTA DEL TRIBUNAL

 

Artículo 29.- El proyecto de cuenta de inversión del Tribunal será remitido al Poder Ejecutivo para su aprobación y elevación a la Legislatura (texto actualizado con Ley 495, art. 117).

 

CAPITULO VIII

DE LAS OBSERVACIONES

 

Artículo 30.- Las observaciones, totales o parciales, formuladas por el Tribunal de Cuentas en el control preventivo, serán comunicadas al órgano emisor suspendiendo la ejecución del acto en todo o en la parte observada. El titular del poder o ente sujeto a control, podrá insistir en el cumplimiento de los actos observados por el Tribunal de Cuentas, asumiendo la responsabilidad exclusiva por ello.

 

Artículo 31.- El Tribunal de Cuentas comunicará inmediatamente a la Legislatura Provincial el acto de observación y el de insistencia. La Legislatura Provincial, dentro de los noventa (90) días contados a partir de que el asunto tome estado parlamentario en la sesión correspondiente, podrá rechazar la insistencia elevada a su consideración, en caso contrario, la insistencia se tendrá por aprobada . (texto actualizado con Ley 646 Sanción: 18 de Noviembre de 2004. Promulgación: 03/12/04 D.P. N° 4671. Publicación: B.O.P. 14/12/04.)

 

 

CAPITULO IX

DEL CONTROL

 

Artículo 32.- El control preventivo de los actos, omisiones o cuentas, se realizará por el método de auditoría que establezca el Tribunal, el que de ninguna manera podrá obstaculizar o demorar el desarrollo de las funciones del órgano controlado. El control preventivo será obligatorio, toda vez que lo requiera el Poder Ejecutivo provincial o el ente sujeto a control. La inexistencia de control preventivo con observación, obsta a su posterior intervención por el Tribunal de Cuentas. (texto actualizado con Ley 495, art.119) (ver referencia Resolución Plenaria TCP Nro.1/01)

 

Normas conexas

Reglamentación Decreto 2460/00 Artículo 32ro.

El marco del “control preventivo obligatorio” es el enunciado en el artículo 30 de la Ley Nro.50 con sus causas y consecuencias, para lo cual el requirente deberá asumir la colaboración sustancial, en todos sus niveles jerárquicos, en especial los indicados en los artículos 97 y 99 de la presente ley (495) y el artículo 168 de la Constitución Provincial.

 Ley 495 artículo 97.- La auditoría interna es un servicio a toda la organización y consiste en un examen previo, concomitante y/o posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades a que hace referencia la Ley, realizada por los Auditores integrantes de las Unidades de Auditoría Interna. Las funciones y actividades de los auditores internos deberán mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen.

 Ley 495 artículo 99.- Son funciones de Control Interno de la Contaduría General de la Provincia:

a)        Dictar y aplicar normas de control interno, las que deberán ser coordinadas con el Tribunal de Cuentas de la Provincia;

b)       emitir y supervisar la aplicación, por parte de las Unidades correspondientes, de las normas de Auditoría Interna;

c)        realizar auditorías financieras, de legalidad y de gestión, investigaciones especiales, pericias de carácter financiero y de otro tipo, así como orientar la evaluación de programas, proyectos y operaciones;

d)       vigilar el cumplimiento de las normas contables, emanadas de la propia Contaduría General de la Provincia;

e)        supervisar el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, facilitando el desarrollo de las actividades del Tribunal de Cuentas de la Provincia;

f)        establecer requisitos de calidad técnica para el personal de las Unidades de auditoría interna;

g)        aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades de auditoría interna, orientar y supervisar su ejecución y resultado;

h)       comprobar la puesta en práctica, por los organismo controlados, de las observaciones y recomendaciones efectuadas por las Unidades de auditoría interna y acordadas con los respectivos responsables;

i)         atender los pedidos de asesoría que le formulen el Poder Ejecutivo Provincial, los Organismos centralizados o descentralizados, sean esos autárquicos o no, y las autoridades de sus jurisdicciones y entidades en materia de control de auditoría;

j)         formular directamente a los organismo comprendidos en el ámbito de su competencia, recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo, la correcta aplicación de las reglas de auditoría interna y de los criterios de economía, eficiencia y eficacia;

k)       poner en conocimiento del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, los actos que hubiesen acarreado o estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público;

l)         mantener un registro central de Auditores a efectos de utilizar sus servicios;

m)      designar los auditores internos para cada uno de los Organismos que componen el sector público;

n)       ejercer sus funciones interviniendo en materia de privatizaciones.

 Constitución Provincial artículo 168: El Contador General y el tesorero de la Provincia serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.

El Contador General observará todas las órdenes de pago que no estén encuadradas dentro de la Ley General de Presupuesto o leyes especiales, de la Ley de Contabilidad y demás disposiciones sobre la materia.

El Tesorero no podrá efectuar pagos que, además de ajustarse a otros recaudos legales, no hayan sido autorizados por el Contador General.

Cuando faltaren a sus obligaciones serán personalmente responsables.

La  Ley de Contabilidad determinará sus calidades, atribuciones y deberes, las causas y procedimientos de remoción y las demás responsabilidades a que estarán sujetos.

 

Consulte las referencias a los artículos de la ley y las Resoluciones Plenarias del Tribunal de Cuentas de la Provincia en “El Registro y Control de los Hechos Públicos”

 

Contenido del libro


CAPITULO X

DE LA RENDICION DE CUENTAS

 

Artículo 33.- Los agentes del Estado, como los terceros que tuvieren la responsabilidad de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u otros bienes de pertenencia del Estado, como así también los que sin tener autorización para hacerlo interviniesen en las tareas mencionadas, estarán obligados a rendir cuentas de su gestión.

Artículo 34.- La rendición de cuentas se hará extensiva a la gestión de los créditos del Estado, por cualquier título que fuere, a las rentas que dejaren de percibir, a las entregas indebidas de bienes a su cargo o custodia y a la pérdida o sustracción de los mismos.

Artículo 35.- En caso de renuncia o separación del cargo de un agente responsable de rendir cuentas, el reemplazante deberá hacerlo por el período aún no rendido en un plazo de treinta (30) días desde la asunción del cargo. El agente reemplazante no será responsable por las irregularidades cometidas antes de la aceptación del cargo ni por la falta de documentación referida al período anterior al inicio de su gestión. (ver referencia Resolución Plenaria del TCP 25/95)

Artículo 36.- Los responsables deberán presentar, de acuerdo a lo señalado por la Ley de Contabilidad y disposiciones reglamentarias, las respectivas rendiciones de cuentas ante el Tribunal. Este establecerá, en los casos en que no estuviere especialmente previsto, el plazo para su presentación, el que no podrá superar los noventa (90) días corridos de producido el vencimiento del respectivo ejercicio presupuestario. (texto actualizado con Ley 495, art.120) (ver referencia Resoluciones Plenarias del TCP  Nro. 33/94, Nro.18/95,  Nro.12.96,  Nro. 5/97, y  Nro. 38/97)

Artículo 37.- En caso de no presentación de la rendición de cuentas, el Tribunal podrá disponer la iniciación del juicio de cuentas, sin perjuicio de la aplicación de una multa de hasta el ochenta por ciento (80%) del sueldo nominal mensual del agente responsable.

Artículo 38.- Las cuentas no observadas por el Tribunal se considerarán aprobadas si transcurriesen un (1) año desde el momento en que se debió realizarse la rendición o seis (6) meses desde la renuncia, vencimiento de mandato o separación del cargo del agente responsable de rendir cuentas, caducando a partir de entonces el derecho de reclamo sobre las mismas. (texto actualizado con Ley 495, art. 121)

 

CAPITULO XI

DEL JUICIO DE CUENTAS

 

Artículo 39.- El procedimiento del juicio de cuentas tiene por objeto el examen de las cuentas observadas por el Auditor Fiscal. (ver referencia Resolución Plenaria TCP 14/95)

Artículo 40.- El Auditor Fiscal podrá requerir de las oficinas públicas de cualquier jurisdicción los documentos, informes, copias o certificaciones necesarias, o citar a los responsables de las cuentas o cualquier otro agente del Estado a declarar sobre aquéllas.

Artículo 41.- La Vocalía de Auditoría deberá dictar resolución definitiva en el plazo máximo de noventa (90) días desde la iniciación del juicio. En casos excepcionalmente complejos o voluminosos el Tribunal de Cuentas, por acuerdo plenario de sus miembros, podrá autorizar por única vez un plazo suplementario que no podrá exceder de cuarenta y cinco (45) días. (ver referencia Resolución Plenaria TCP 14/95)

Artículo 42.- Si la resolución fuere aprobatoria de la cuenta, la Vocalía dispondrá el archivo definitivo de las actuaciones. En caso contrario la Vocalía formulará acusación contra el o los agentes responsables ante la Vocalía Legal. (ver referencia Resolución Plenaria TCP 14/95)

 

 

CAPITULO XII

DE LA RESPONSABILIDAD

 

Artículo 43.- Los estipendiarios serán responsables de los daños que por dolo, culpa o negligencia causaren al Estado, estando sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas. La jurisdicción del Tribunal se extenderá a aquellas personas que, sin ser agentes del Estado, dispusieren o tuvieren en custodia bienes públicos.

Artículo 44.- El agente que autorizare o realizare compras o gastos contraviniendo  normas legales, responderá del total gastado en esas condiciones. Si el gasto o compra resultare beneficioso para el Estado no se formulará cargo, siempre que la autoridad competente ratificase el acto, pero se aplicará una multa al agente responsable, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que pudiere corresponderle. El agente deberá probar la inexistencia de perjuicio para la administración.

Artículo 45.- Los agentes que autorizasen gastos sin la existencia del crédito correspondiente, o que excediesen el crédito serán responsables por el monto total o por la suma que excediese el crédito, salvo que la autoridad competente acuerde el crédito necesario de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Artículo 46.- Los agentes que dictasen, ejecutasen o interviniesen a sabiendas o con manifiesta culpa o negligencia en actos u omisiones contrarias a disposiciones legales, serán solidariamente responsables. (texto actualizado con Ley 495, art.122)

Artículo 47.- Derógase el artículo 47 de la Ley provincial Nº 50. (texto actualizado con Ley 495 Artículo 123)

 

CAPITULO XIII

DEL ENJUICIAMIENTO

 

Artículo 48.- La determinación de la responsabilidad civil de los estipendiarios será establecida por el juicio administrativo de responsabilidad, con excepción de los funcionarios sujetos al procedimiento de remoción de desafuero, de juicio político y de enjuiciamiento previsto en los artículos 94, 114 y 162 de la Constitución. Para tales funcionarios el Tribunal de Cuentas, de considerarlo procedente, deberá solicitar según el caso, el desafuero, juicio político o enjuiciamiento.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia está facultado para fijar los montos por los cuales no serán iniciadas las acciones administrativas, en los casos en que el presunto perjuicio fiscal causado al Estado sea de escasa significación económica. Tal facultad será dispuesta por resolución fundada. (Texto agregado por el artículo 1ro. de la Ley 383).

 

Artículo 49.- La Vocalía de Auditoría formulará acusación contra el o los estipendiarios que, previa sustanciación del juicio de cuentas o procedimiento de investigación, resultare presuntamente responsable de los daños patrimoniales a la Provincia. (ver referencia Resolución Plenaria TCP 14/95)

 

Resolución Plenaria Nº  71  / 2002.-     

 VISTO: Las investigaciones que lleva adelante este Organismo de Control, y

CONSIDERANDO:

         Que a efectos de dar estricto cumplimiento a lo establecido por la Ley Provincial Nº 495, dentro de los plazos que la misma impone, se torna necesario establecer las Normas de Procedimiento a tal fin;

         Que los Sres. Miembros del Tribunal de Cuentas, reunidos en Acuerdo Plenario Nº 348, han resuelto aprobar los lineamientos descriptos en Anexo I de la presente;

         Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 116º de la Ley Provincial Nº 495;

 POR ELLO:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

R E S U E L V E

 ARTICULO 1º: APROBAR las Normas de Procedimiento para el Desarrollo de las Investigaciones que se llevan a cabo en el Tribunal de Cuentas, las que como Anexo I integran la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º: NOTIFICAR con copia certificada a los Sres. Secretarios y Cuerpo de Auditores.

ARTICULO 3º: REGISTRAR, dar al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, ARCHIVAR.

ANEXO I DE LA RESOLUCION PLENARIA Nº              /  2002.-

Normas de Procedimiento para el Desarrollo de las Investigaciones que se llevan a cabo en el Tribunal de Cuentas

 Inicio y Caratulación

1.-Tomado conocimiento del hecho, y previa evaluación por parte del Sr. Secretario Contable o Secretaría Legal respecto de la competencia de éste Tribunal de Cuentas, la documentación será remitida al Vocal de Auditoría quien decidirá la conveniencia de caratulación de las actuaciones.

 Designación del responsable

2.-Por Resolución de Vocalía de Auditoría será designado el Auditor Fiscal responsable de llevar a cabo la investigación, quien, salvo disposición expresa del Vocal, será el profesional que desarrolle las actividades de Control Previo en el organismo donde se detectó la presunta irregularidad objeto de la investigación.

3.-Las actuaciones serán remitidas al responsable designado por vía de la Secretaría Contable, quien deberá llevar un registro con la información necesaria a los fines de controlar el estricto cumplimiento de las pautas temporales que por esta norma se imponen.

4.-Recibido el expediente, y en un plazo no superior a las 48 horas, el Auditor Fiscal responsable de la investigación procederá, a informar al Sr. Secretario Contable la existencia de impedimentos que obstaculicen su labor. En caso de corroborar y considerar suficientes los argumentos del excusado, el Secretario Contable informará al Vocal la situación proponiendo un nuevo responsable.

5.-De considerarlo conveniente, por Resolución de Vocalía de Auditoría se procederá a la aceptación de la excusación y a la designación de un nuevo  Auditor Fiscal responsable de llevar a cabo la investigación.

 Procedimiento y plazos

6.-Aceptado el cargo, el Auditor Fiscal  procederá, en el término de 10 días hábiles, a emitir un pre-informe que refleje en forma clara y concreta los hechos, la normativa presuntamente incumplida y la documental necesaria para desarrollar el análisis que se le ha encomendado.

Dicho pre-informe deberá contener, además de la prueba a producir y el modo en que deberá lograrse, el cronograma de acción que estima necesario para arribar a las conclusiones y resolver la causa.

Una copia del cronograma, que deberá prever las pautas temporales que la Ley Provincial 50 y modificatorias imponen a éste Tribunal de Cuentas para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, será remitida al Secretario Contable para su conocimiento y registros.

Cumplido, procederá a requerir de las oficinas públicas de cualquier jurisdicción los documentos, informes, copias, certificaciones y documentación que estime necesarios para desarrollar el análisis. En caso de estimarlo necesario, podrá  apersonarse al área o citar a los responsables de las cuentas o cualquier otro agente del Estado a declarar sobre aquéllas, de conformidad con el artículo 40 de la Ley Provincial Nº 50 y modificatorias.

 De los requerimientos

7.-A los fines de dar cumplimiento al punto 6.-, el Auditor Fiscal realizará los requerimientos por nota en la que deberá hacer saber al destinatario los motivos por los cuales se efectúa el pedido, otorgando un plazo que - de acuerdo a las circunstancias- no podrá ser superior a los 15 días hábiles.

 En caso de silencio o respuestas parciales o incompletas por parte del requerido, se emitirá nueva nota, con copia a la máxima autoridad del ente, otorgando un plazo improrrogable  de cinco días hábiles, donde se transcribirá copia integra del procedimiento establecido en el presente artículo y el siguiente y se hará saber que en caso de no responder podrá ser pasible de las sanciones que habilita el artículo 4to. inciso h) de la Ley 50, reglamentada por el Decreto 1917.

Cumplido el nuevo plazo sin obtener respuesta por parte del requerido, las actuaciones serán giradas a la Vocalía de Auditoría quien, previa evaluación de las actuaciones, emitirá resolución por la cual efectuará nueva solicitud al requerido y a la máxima autoridad del ente y, de considerarlo conveniente, procederá a aplicar la sanción que el caso amerite. Cumplido, las actuaciones volverán al Auditor Fiscal para la prosecusión de la investigación.

8.-En caso de silencio ante la resolución de la Vocalía de Auditoría, cumplido el plazo otorgado, el expediente será remitido al Vocal quien evaluará la contumacia por el obstáculo impuesto a  la investigación, sin perjuicio de agotar los mecanismos que las normas administrativas otorgan para la prosecución del trámite.

 Informe final

9.-Acopiada la documental e información necesaria, el Auditor Fiscal procederá a su análisis y al cumplimiento del cronograma previsto en el pre-informe indicado en el punto 6.- de la presente, debiendo resolver la investigación en un plazo no superior a los 90 días hábiles contados desde la recepción de la respuesta del último requerimiento que formulara.

10.-En aquellos casos en que por especiales circunstancias, la causa no pueda ser esclarecida en el término dispuesto en el punto anterior, el Auditor Fiscal podrá solicitar una prórroga de 15 días hábiles. Dicha prorroga será merituada por el Vocal de Auditoría y concedida por resolución.

11.-Durante la investigación, el Auditor Fiscal podrá requerir asesoramiento a la Secretaría Legal de éste Tribunal de Cuentas, quien tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para emitir su dictamen. Dicho plazo, que suspenderá el término de los 90 días establecido en el punto 9.-, podrá ser ampliado hasta un máximo de cinco días.

11.-Resuelta la investigación, el Auditor Fiscal producirá informe definitivo que deberá contener:

         1.-Descripción breve de los hechos investigados

         2.-Descripción sumarísima del procedimiento cumplido

         3.-Conclusión y opinión del responsable de la investigación

         4.-Los fundamentos de la imputación de responsabilidad y en su caso la ponderación de la atribución solidaria de tal responsabilidad. Con explícita cita a las normas y obligaciones legales incumplidas o cumplidas de modo insuficiente.

         5.-La determinación del daño deberá contener la referencia aritmética y la composición del mismo (capital, intereses, etc.), así como el análisis de los antecedentes tomados en cuenta para el cálculo y fijación.

         6.-Indicación e individualización de la prueba reunida precisando su localización en el expediente.

 12.-Las actuaciones colectadas en el expediente serán remitidas al Vocal de Auditoría, para su análisis y resolución.

13.-Si de las actuaciones surgieran o sean denunciados hechos nuevos que podrían constituir otra u otras irregularidades, el Auditor Fiscal lo pondrá en conocimiento del Sr. Secretario Contable, quien remitirá al Vocal de Auditoría para evaluar y decidir la conveniencia de caratulación de las actuaciones en un nuevo expediente, que deberá cumplir el procedimiento aquí aprobado.

 

Consulte las referencias a los artículos de la ley y las Resoluciones Plenarias del Tribunal de Cuentas de la Provincia en “El Registro y Control de los Hechos Públicos”

 

Contenido del libro

 

Artículo 50.- El estipendiario, presuntamente responsable podrá allanarse a la acusación mediante el pago del monto reclamado por el Tribunal.

Artículo 51.- El Tribunal de Cuentas, por acuerdo plenario de sus miembros, podrá resolver que, en caso de que existiese un perjuicio patrimonial al Estado por uno de sus estipendiarios, se inicien directamente las acciones correspondientes ante el órgano judicial.

Artículo 52.- En el caso previsto en el artículo precedente la Vocalía Legal designará a uno de los miembros del cuerpo de abogados como representante judicial del Estado Provincial.

Artículo 53.- La competencia de la Vocalía Legal, en el juicio administrativo de responsabilidad civil de los estipendiarios, excluye originariamente la jurisdicción judicial civil, salvo que el Tribunal de Cuentas resuelva iniciar directamente la acción judicial.

Artículo 54.- Una vez iniciado el procedimiento administrativo o el proceso judicial, no podrá desistirse e intentarse la otra vía de juzgamiento.

Artículo 55.- En caso de que se inicie una acción penal contra el estipendiario por el mismo hecho, no se suspenderá el juicio administrativo de responsabilidad civil.

Artículo 56.- La acusación deberá contener el nombre y domicilio del estipendiario, los hechos, el cargo imputado y el monto del resarcimiento reclamado. En el mismo escrito deberá ofrecerse la prueba. (ver referencia Resolución Plenaria TCP 14/95)

Artículo 57.- De la acusación se correrá traslado por el término de diez (10) días a aquél contra quien se hubiere formulado con copia de toda la documentación, salvo que la misma fuere de gran voluminosidad, en cuyo caso se optará por adjuntar copia de la más relevante y el acusado podrá tener a su disposición para la consulta, copiado a su costa o estudio de la restante en la oficina que se determine. En estos supuestos, contará con un plazo adicional de cinco (5) días para efectuar su defensa.

Artículo 58.- El estipendiario acusado deberá ofrecer con el escrito de contestación la prueba de que intentare valerse.

Artículo 59.- La prueba documental deberá acompañarse con la acusación o su contestación, o indicarse el sitio donde se encontrare si no estuviere en poder de las partes.

Artículo 60.- El Tribunal administrativo convocará a la audiencia de prueba. Aquélla que no pudiere producirse en la audiencia lo será con anterioridad a ella. De la prueba producida quedará constancia escrita en el expediente.

Artículo 61.- El Tribunal podrá dictar medidas para mejor proveer.

Artículo 62.- Concluida la audiencia de prueba dictará resolución fundada en el término máximo de veinte (20) días, la que no podrá sustentarse en el principio de la responsabilidad objetiva, sino en la existencia de dolo, culpa o negligencia en la conducta de estipendiario. La resolución será notificada personalmente o por cédula . (texto actualizado con Ley 495, art. 124)

Artículo 63.- La resolución fijará la suma a ingresar por el responsable con su respectiva actualización e intereses, o rechazará la acusación formulada contra el estipendiario.

Artículo 64.- En caso de condena se intimará al responsable de hacer el depósito de la suma resarcitoria en el término de diez (10) días.

Artículo 65.- Si el responsable no cumpliere con la resolución, la Vocalía Legal instruirá a uno de los miembros del cuerpo de abogados para que inicie el juicio ejecutivo de apremio ante los tribunales ordinarios.

Artículo 66.- El testimonio de la resolución definitiva del Tribunal administrativo es título hábil para la vía ejecutiva de apremio.

 

CAPITULO XIV

DE LOS RECURSOS

 

Artículo 67.- El recurso de aclaratoria podrá ser deducido al solo efecto de precisar algún concepto oscuro, dudoso o contradictorio de la resolución definitiva dentro de los tres (3) días de la notificación.

Artículo 68.- El recurso de revocatoria procederá contra las sentencias interlocutorias, a fin de que el mismo Tribunal que la dictó la revoque o modifique por contrario imperio. El plazo para la interposición es de tres (3) días desde la notificación de la sentencia interlocutoria.

Artículo 69.- El recurso de revisión será interpuesto ante el mismo Tribunal en el término de diez (10) días desde la notificación de la resolución definitiva y será resuelto por el mismo. Deberá fundarse en:

a) Pruebas o documentos nuevos que hagan a la defensa del agente demandado;

b) en la no consideración o errónea interpretación de documentos agregados en autos.

Artículo 70.-Contra la resolución definitiva, el responsable podrá: a) Interponer recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la notificación. La interposición de los otros recursos suspenderá el plazo para su deducción; o b) entablar acción contencioso-administrativa conforme al código de la materia. (texto actualizado con Ley 134, art. 3,  Tribunal de Cuentas. Modificación. Sanción: 25 de Marzo de 1994. Promulgación: 18/04/94 D.P. Nº 910. Publicación: B.O.P. 22/04/94.)

 

Artículo 71.- El recurso de apelación será concedido libremente y al solo efecto devolutivo.

 

CAPITULO XV

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 72.- Si en el juicio administrativo de responsabilidad no se acreditaren daños para el Estado, pero sí actos o procedimientos administrativos irregulares, el Tribunal remitirá copia de las actuaciones a la autoridad competente para la iniciación del sumario administrativo.

Artículo 73.- Si en la sustanciación del juicio administrativo de responsabilidad se presumiese que se ha cometido algún delito de acción pública, el Tribunal formulará la denuncia. (ver Apéndice Apéndice 8 Convención Interamericana de la O.E.A. contra la corrupción   Ley 24.759 (B.O. 17-01-97)

Artículo 74.- La declaración de incapacidad, fallecimiento o presunción de fallecimiento legalmente declarada del agente demandado, no es impedimento para la iniciación o prosecución del juicio.

Artículo 75.- La acción de responsabilidad patrimonial prescribe al año de cometido el hecho que causó el daño o de producido éste si fuere posterior. La suspensión e interrupción de este instituto se rigen por las normas del Código Civil. (texto actualizado con Ley 495)

 

Normas conexas

Reglamentación Decreto 2460/00 Artículo 75

Por Secretaría Contable y Legal se dispondrá de oficio, el archivo de aquellas causas que hayan cumplido los términos de la norma.

 

Artículo 76.- Los particulares podrán formular denuncias por presuntos daños patrimoniales causados al Estado por sus estipendiarios, ante la Vocalía de Auditoría. El rechazo de la denuncia por la Vocalía deberá ser fundado. (ver referencia Resolución Plenaria TCP 14/95)

Artículo 77.- Los plazos procesales establecidos en la presente, se contarán en días hábiles administrativos, con excepción del plazo para la interposición del recurso de apelación contra la resolución definitiva ante el Superior Tribunal de Justicia, los normados por el derecho de fondo y los establecidos por el artículo 38 de la presente, que se computarán de acuerdo al artículo 23 y concordantes  del Código Civil. (texto actualizado con Ley 495, art.126)

Artículo 78.- El Código Procesal Civil y Comercial será aplicado supletoriamente en el procedimiento jurisdiccional administrativo.

 

CAPITULO XVI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

Artículo 79.- Los agentes que se desempeñaren en la Auditoría General de Gobierno pasarán a integrar la planta de personal del Tribunal de Cuentas de la Provincia, en forma transitoria, hasta que éste designe su personal mediante concurso de oposición y antecedentes.

Artículo 80. Los agentes que revistan en la Auditoría General de Gobierno y que no ingresen a la planta de personal del Tribunal de Cuentas, serán asignados a otras dependencias de la Administración Pública Provincial con la misma remuneración y antigüedad.

Artículo 81.-A excepción de los tres miembros designados según el artículo 164 de la Constitución Provincial, todos los cargos deberán ser cubierto mediante concurso de oposición y antecedentes . (texto actualizado con Ley 495, art.127)

Artículo 82.- Derógase la Ley Territorial N° 305 y toda otra norma que se oponga a la presente.

Artículo 83.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

 

Consulte las referencias a los artículos de la ley y las Resoluciones Plenarias del Tribunal de Cuentas de la Provincia en “El Registro y Control de los Hechos Públicos”

 

Contenido del libro

 

Noticias

Infobae - Ahora
Infobae
Infobae - Ahora
 
Banner
Banner
Banner